En 1991, el contexto de la Argentina presidida por Carlos Menen era apocalíptico: la inflación del 1344% que coronaba el final de los años ochenta era insostenible.

Para combatirlo, el ministro de economía Felipe Cavallo implementó la Ley de Convertibilidad como parte de una política económica en la que se ponían todas las herramientas disponibles en uso con el objetivo de terminar con la hiperinflación. La convertibilidad es un recurso en el cual se fija el valor de una moneda con el de otra considerada más estable (aunque también existe la posibilidad de atarla al valor de otro patrón, como por ejemplo el oro). Este sistema permite evitar saltos inesperados en la cotización de una moneda y lograr previsibilidad.

Como contracara, esta rigidez monetaria puede llegar a causar sobrevaloración o subvaloración, en tanto que impide que la elasticidad de la moneda corrija estas situaciones.

La Ley de Convertibilidad decretada en Argentina el 27 de marzo de 1991 disponía la utilización de un cambio fijo –lo que comúnmente se conoció como el “1 a 1”, atando el “peso convertible” al dólar-. A su vez, prohibió que el Banco Central financiara políticas fiscales expansivas y permitió usar el dólar para todas las operaciones económicas para lograr una apertura comercial y financiera.

Entre sus beneficios, la convertibilidad aplacó la inflación, la cual pasó a 25% en los primeros doce meses posteriores a su aplicación. Esta estabilidad permitió un crecimiento en el país luego del estancado desempeño de la década anterior. Pero esta política también se encontró con limitaciones: el abaratamiento de las importaciones, producido por el 1 a 1, en conjunto con la apertura financiera y comercial, deterioró la industria nacional, dado que incentivaba las compras al exterior frente a la producción local. Sumado a eso, al estar limitadas las capacidades estatales, el Gobierno no pudo implementar políticas que permitieran, entre otras cosas, contrarrestar el fuerte aumento del desempleo.

En el período que fue desde 1991 hasta los años 2000, el déficit promedio anual fue de 4.1% del Producto Bruto Interno, creció el gasto y también la deuda externa de manera notable. La apertura comercial descontrolada, la baja de los salarios y el desempleo causaron estragos en el sector industrial. El régimen económico tuvo como característica un aumento de la desigualdad social y la pobreza, como también un aumento drástico en el número de personas que vivían en la indigencia.